(Fragmento del artículo publicado en Revista Jallalla! Nro 2)
Es apenas un párrafo de una ley recientemente sancionada en Buenos Aires que pasó sin mayor repercusión, pero puede significar una gran novedad de cara al próximo 2 de noviembre, día de la celebración con los difuntos.
Por Ezequiel Fernández Bravo
A mediados de mayo la legislatura porteña promulgó un nuevo Régimen Jurídico en materia mortuoria en los Cementerios, que en su artículo 9 autoriza a “toda manifestación y expresión de pueblos originarios de carácter ceremonial comunitario, en relación a sus difuntos, los días 1 y 2 de noviembre de cada año”. En otras palabras, el reconocimiento en una ley del Aya Markay Quilla en la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto, inicialmente promovido por el poder ejecutivo, tuvo varias modificaciones. La inclusión de la celebración estuvo impulsada por la legisladora Gabriela Alegre y todo el bloque del Frente para la Victoria. “Quedó casi como queríamos. Nosotros habíamos agregado algunos puntos más, pero el Pro no los aceptó”, comentan colaboradores de la diputada sobre la iniciativa, que tuvo el asesoramiento de la antropóloga Brenda Canelo y fue votada de manera unánime. Vale aclarar que ésta guarda una continuidad con otras que se habían presentado por el mismo espacio anteriormente. Más importante aún: el resultado es producto del trabajo sostenido de distintas personas, organizaciones, medios de la comunidad andina (y no andinos) durante años.
El control en aumento
En Buenos Aires, desde varios años miles de quechuas y aymaras provenientes de distintos puntos de Bolivia y del NOA (Noroeste argentino) se instalaron en la zona sur de la ciudad. Con el correr de los años, por una cuestión geográfica, fueron enterrando a sus seres queridos en el Cementerio de Flores. No sorprende, entonces que la visita de las tumbas de sus deudos con bebidas, comidas y música se haya convertido en una práctica masiva. No sorprende tampoco que la celebración del Aya Markay Quilla sea una de las más importantes de la comunidad andina.
El rito que cada cultura hace con la muerte es universal. Para la moral cristiana, la solemnidad y el luto forman parte del proceso. La lógica andina, la forma de ver la vida y la muerte, es otra: preexiste a los estados nacionales y se remonta a los pueblos del antiguo Kollasuyu. Y si bien ésta se modifica, se resignifica y cambia de contexto, hay algo que no está en discusión: no es “extranjera”.
En los últimos años, el maltrato y el control de parte de funcionarios del cementerio, de la Dirección General de Cementerios, y de efectivos de Gendarmería y la Policía Metropolitana fue en aumento. En el 2013, se realizaron controles de alcoholemia, se restringieron los horarios de visita y los efectivos reprimieron a aquellos que por distintos motivos (laborales, familiares, etc.) no pudieron llegar antes de las 17 y quisieron encontrarse con sus seres queridos. Funcionó para “marcar la cancha”. El año pasado, cien oficiales armados de la Policía Metropolitana cachearon a todas las personas que llegaban al lugar: se palpaban chiquitos recién nacidos, requisaban cochecitos, se quitaba las bolsitas de coca o la chicha (sin importar que se hubieran llevado para compartir y generar vínculos con los difuntos y con la Pachamama). En el operativo también estuvieron presentes la Gendarmería y Acifebol, que en 2011 cumplió el rol de vigilancia y control que ahora cumplen las fuerzas policiales. Esa vez, la organización ofició como interlocutora y justificadora del accionar.
Desde dónde plantear el debate
¿Para el Gobierno de la Ciudad hay muertos de primera y de segunda? ¿Por qué vigilar y castigar una tradición de una parte de los ciudadanos que habitan Buenos Aires? La base de la sospecha es la supuesta “extranjeridad” de la celebración. Con ese discurso, las autoridades a cargo plantean la necesidad de adaptarse a las normas de los “locales”. Como afirma el director interino del Cementerio de Flores, consultado después de la promulgación de la Ley: “Es un problemón ese día. Hay que respetar su cultura, pero ellos casi que no respetan la nuestra. Para la comunidad boliviana es una celebración, una fiesta, pero se contrapone a las costumbres argentinas”. Los efectos de ese accionar terminan por estigmatizar y restringir los derechos de una buena parte de los porteños. Pero sabemos: quienes celebran son ciudadanos de esta ciudad y descendientes de quienes habitaban estas tierras antes de que se constituyeran los Estados. Ahora, con esta sanción, las cosas se plantean diferente: hay un reconocimiento formal, una ley que hace de paraguas para que el Estado garantice la ceremonia. ¿Qué queda por hacer?
La Ley señala que la Dirección General de Cementerios “arbitrará las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades”. Por ahora no hay una reglamentación sobre lo que se incluye o excluye para ese día; si es que la hay, no podrá ser restrictiva. La pelota quedará, una vez más, del lado de la política: dependerá de la relación entre las distintas organizaciones, el Gobierno y la DGC de cómo se lleve a la práctica lo que está asentado en el papel. Si el Gobierno elige el interlocutor que le sea funcional, conseguirá una ventaja para definir el campo de disputa. Para que eso no suceda, habrá que anticiparse. Ya hay un piso ganado para sentarse a discutir.
Jallalla! 